Quito, Ecuador – La corrupción se ha arraigado profundamente en Ecuador, llegando a niveles alarmantes en la contratación pública. Según un informe del Gobierno, el malgasto producto de la mala gestión y la corrupción en las adquisiciones públicas representa entre el 0.9% y el 2.6% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivale a hasta $3,241 millones de dólares anuales. Esta cifra es más de la mitad de los aproximadamente $6 mil millones de dólares que el país gestiona anualmente en obra pública a través del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP). En la última década, esta cifra supera los $60 mil millones de dólares.
El problema no es nuevo y, en muchos casos, comienza con acciones cotidianas que reflejan la evasión de normas. Este comportamiento, común en la sociedad ecuatoriana, ha escalado hasta las esferas más altas del Estado, especialmente en los procesos de contratación pública.
Un Drenaje de Recursos que Impide Combatir la Corrupción
Valentina Zárate, excontralora subrogante, enfatizó la urgencia de modernizar los sistemas digitales de las instituciones públicas y aumentar el número de funcionarios de control. Sin embargo, la paradoja es evidente: la misma fuga masiva de recursos generada por la corrupción impide que el Estado cuente con los fondos necesarios para combatirla eficazmente.
«No es ser pesimista, pero es muy difícil que Ecuador limpie la corrupción sin los recursos económicos necesarios», sostuvo Zárate. «Por ejemplo, si se quiere más control público, habría que aumentar los funcionarios de la Contraloría y eso necesita dinero, además de voluntad política».
Respuestas Legislativas y Advertencias de Expertos
Frente a esta grave problemática, el asambleísta oficialista Adrián Castro, también invitado al panel, informó que la nueva administración de la Asamblea trabaja en tres leyes urgentes para enfrentar la corrupción: la Ley de Integridad Pública, la Ley de Contratación Pública y la controvertida Ley de Inteligencia.
Sobre esta última, que ha generado fuertes críticas en la comunidad de juristas por la presunta vulneración de derechos ciudadanos y constitucionales, Castro defendió que su uso estará estrictamente limitado a investigaciones de corrupción, descartando su aplicación para persecuciones políticas. «Quienes actuamos con transparencia y no tenemos rabo de paja no nos va a pasar nada, podemos estar tranquilos», afirmó Castro, señalando que la ley incluye «candados para evitar persecuciones a periodistas, opositores, etc.», y que «no permite que las investigaciones sean utilizadas como pruebas».
No obstante, Fausto Vásquez, jurista experto en derecho penal y constitucional y catedrático universitario, cuestionó las declaraciones de Castro. Vásquez advirtió que varios artículos de al menos dos leyes ya aprobadas podrían vulnerar derechos, por lo que deberían someterse primero a un análisis de la Corte Constitucional. «Solo por citar algunos ejemplos, en la Ley de Inteligencia podría pasar un caso de espionaje y en la Ley de Solidaridad se permiten allanamientos sin orden judicial», explicó. Ante estas advertencias, Castro aseguró que, si la Corte Constitucional dictamina cambios en algún artículo, el presidente tomará nota.
La Corrupción en los Servicios Públicos Cotidianos
La corrupción no solo afecta las grandes contrataciones estatales, sino que se ha enquistado en agencias de servicios públicos, impactando directamente la vida de los ciudadanos:
* Agencia Nacional de Tránsito (ANT): El sistema AXIS 4.0 está inoperativo, dejando más de 7,600 trámites estancados. Sin embargo, a pocos metros de las oficinas, tramitadores ilegales consiguen turnos rápidamente a cambio de pagos de hasta $350 dólares.
* Registro Civil: La falta de especies para cédulas o pasaportes, la escasez de funcionarios y la ausencia de turnos disponibles son las excusas. A pesar de esto, en redes sociales, usuarios anónimos ofrecen obtener documentos en dos días por $60 dólares, más del triple del costo legal. Quienes optan por la vía regular pueden esperar hasta tres meses.
* Hospitales Públicos: El sistema de salud asegura cubrir el 80% de los insumos, pero en la práctica solo se cubre entre el 59% y el 61%. La falta de medicinas obliga a los pacientes a comprarlas en farmacias específicas, cerrando un círculo vicioso de corrupción.
La excontralora Zárate lamenta que, si bien estas son grandes deficiencias del sistema, los ciudadanos también contribuyen al problema al acceder a estos servicios ilegales. Tanto Zárate como Vásquez enfatizaron la necesidad de auditorías en empresas públicas y el uso de nuevas herramientas tecnológicas, como la inteligencia artificial, para depurar procesos y personal involucrado en actos ilícitos, siguiendo el ejemplo de países como México y Chile.(I)
